Democracia y políticas sociales en la restauración conservadora

Recientemente el politólogo Steven Levitsky puso en discusión qué significa ser hoy un gobierno de izquierda en América Latina, y afirmó que el signo más alto y posible de un régimen de esta orientación es su preocupación por la redistribución. El mecanismo central de ésta residiría más en la política social que en cambios de tipo estructural en el modelo económico. En este camino, tales gobiernos se encuentran en el dilema productivista, es decir, en la necesidad de incrementar los fondos fiscales para financiar las políticas por medio de la facilitación de las inversiones, principalmente extractivas, aun cuando éstas anclen al país en la condición de exportador primario y propicien condiciones para el surgimiento de conflictos socioambientales.

¿Cómo construir un Estado que garantice la gobernabilidad y, al mismo tiempo, los derechos de los ciudadanos? No puede ser un Estado secretario de asistencia social y operador de servicios públicos. Esto acrecienta la distancia entre un Estado que hace asistencia social y otro que es garante de derechos. La democracia moderna supone ciudadanos deliberando todos los problemas de su sociedad y haciendo del Estado el agente de sus consensos para cada ámbito de la vida en común, incluido el funcionamiento de la economía y del propio Estado.

Por eso, frente al conflicto entre minería y derechos ambientales y sociales, el gobierno tenderá a afirmar la minería como fuente de crecimiento y recursos para el funcionamiento de las políticas sociales, sin poner el acento en la discusión de mecanismos efectivos de planeamiento y regulación de la actividad extractiva. Por esto no se debate el ordenamiento territorial para determinar dónde caben los proyectos mineros, con límites y regulaciones, y dónde no sería conveniente el desarrollo de esta actividad. Así que el emotivo episodio de centro-izquierda del periodo electoral no ha mermado el rumbo estratégico de los poderes fácticos que desean una restauración conservadora. Un orden que busca someter o abatir las diferencias, que alienta una hegemonía posfujimorista, expresada en la corrupción, y hacer del Estado un proveedor de servicios de mala calidad, dejando que sea el mercado el que regule los derechos de todos los ciudadanos.

Por esto, el desafío consiste en hacer política social y promover un modelo de desarrollo con equidad y democracia en el contexto y a contracorriente de la restauración conservadora, que en realidad no las tiene todas consigo, pues ha habido procesos de reforma estatal, un crecimiento que incrementa las expectativas de la población y un fortalecimiento del proceso descentralista. Hay una presencia democratizadora de movimientos políticos, sociales, educativos y culturales desde distintas vertientes (que no cabe caracterizar de izquierda o liberales) y cuya sola existencia cuestiona el estado de cosas.

La cláusula del contrato social que está en juego es la referida al problema de la justicia como soporte efectivo de una sociedad con derechos fundamentales, comenzando por la vida y la libertad. La lectura que hacemos de Amartya Sen es que la injusticia es el principal escollo para un desarrollo con libertad. Y éste es el tema de fondo en este tiempo, que queremos que sea también de deliberación y fortalecimiento de los actores sociales. Creemos que la educación es para liberarnos de los límites y los prejuicios que nos hacen perder el sentido de responsabilidad con los otros; de vernos como ciudadanos, con derechos y responsabilidades. De eso se trata la educación para la democracia. Y por eso interpela aquella política que evita actuar sobre la gramática inercial de la escuela autoritaria y excluyente. Se trata de impulsar una política educativa que articule la escuela a los valores de la democracia, del pensamiento crítico, libre y responsable, al logro del desarrollo para todos y todas, al crecimiento con equidad y al fortalecimiento del lazo social solidario entre peruanos y peruanas. (Severo Cuba)