tareaInforma 115

Por el derecho a una educación liberadora

.....Boletín Mensual

Lima, 1 de marzo de 2012

Año 11, Nº 115....

PARA DEBATIR

La educación en el reino del mercado

Foto: La República

Definir a la educación como un bien público, como un servicio público gratuito, es un desafío clave para el enfoque de derechos y ciudadanía. Esta concepción, presente en la ley General de Educación supone que la mira central es garantizar el pleno acceso de todas las personas a una educación en condiciones de calidad y equidad. Los derechos de los estudiantes están en el centro, y suponen dos tareas centrales por parte del Estado:

a) Ofrecer una educación pública de calidad. La mira y utopía del derecho a la educación, que movilizó a muchas generaciones durante todo el siglo logró alcanzarse en el espacio público. La escuela pública se constituyó en un instrumento poderoso para hacer efectiva a la igualdad de oportunidades y el derecho universal a la educación. Lamentablemente, el abandono de la escuela pública durante los últimos cuarenta años, ha dejado sin mayores opciones a muchos sectores de escasos recursos, que han migrado hacia la oferta privada, en gran parte de dudosa calidad. Sólo en Lima el 64% de las escuelas y colegios y el 60% de los docentes son privados.

b) Regular la oferta educativa tanto pública como privada, acreditando la calidad de la educación impartida en las distintas instituciones a la vez que fiscalizando e interviniendo en aquellas situaciones donde se vulnere el derecho a la educación. En las últimas décadas han ocurrido situaciones que ameritan vigorizar esta acción reguladora del Estado:

· De un lado, se han acrecentado las grandes asimetrías sociales configurando un contexto social que estrecha los márgenes para dar cumplimiento al derecho a la educación. Para muestra un botón: sólo uno de cada cien niños aimaras alcanza aprendizajes suficientes en comunicación frente a 35% de sus pares urbanos (Minedu 2010).

· De otro lado, la progresiva entrada del mercado a la educación, sin regulación ni supervisión al amparo del DS 882 del gobierno de Fujimori (1996), ha cambiado la lógica de la educación planteándola como una mercancía y dando lugar al surgimiento de colegios-empresas que tienen como fin central el lucro, creando a la vez un mercado cautivo para editoriales y otras empresas que en marzo de cada año obtienen enormes ganancias a costa de las constreñidas economías de familias de escasos recursos que optaron por la escuela privada ante la precarización absoluta de la pública. Ello, además de las prácticas de corrupción y malos manejos que involucra a editoriales junto a algunos directores y centros.

Enfrentar esta distorsión que diluye el derecho de la educación en la prevalencia de la lógica absoluta del mercado, debería dar lugar a la eliminación del DS 882, o al menos debiera suponer que las familias encuentren apoyo o resguardo en el Estado para vigilar y sancionar las malas prácticas. Según una encuesta de IPSOS APOYO el 99% de padres de familia declaran ser objeto de cobros indebidos (venta de vacantes, materiales, etc.)^[1]. No obstante, cuando esto ha sido recientemente planteado a raíz del conflicto sobre los textos escolares, no han tardado en moverse grupos enormes de interés protestando por la pretendida incursión del Estado en el feliz reino absoluto del mercado. Es más, esta protesta conservadora, si cabe la expresión, se ha presentado bajo un lenguaje técnico, que confunde regulación y transparencia con violación de la autonomía. ¿De qué manera un portal de transparencia que publica los precios y características de los textos escolares viola la autonomía de la escuela privada?, ¿Por qué evitar que se obligue a las familias a comprar un texto del año es antipedagógico?

Ocurre que donde la educación se compra y se vende, es decir, se adquiere por un precio, deviene en mercancía y constituye un servicio regulado únicamente por el derecho comercial, no por el derecho público. El acceso a la educación se convierte entonces en reflejo del poder adquisitivo de los individuos, en lugar de ser cristalización de sus derechos.

En suma, en los últimos cuarenta años hemos asistido a una creciente abstención y/o abdicación práctica del Estado respecto de sus funciones de garante del derecho a la Educación. Revertir esta situación no será tarea fácil, ni tampoco de un día. La apuesta de cerrar las brechas de inequidad y de mejorar la oferta educativa pública planteada por la gestión actual van en este sentido. Se ubican en el marco de las políticas de inclusión social, que necesariamente va a suponer medidas concretas que aterricen los lineamientos de política. Sin duda muchas de estas medidas darán lugar a debates, marchas y contramarchas, de acuerdo a los intereses que afecten o dejen de afectar. Seguir hacia adelante, defendiendo el derecho a la educación constituye un esfuerzo resiliente que requiere la colaboración de muchos actores.

En estas circunstancias, el mismo sector privado debería ser convocado para sumarse a la tarea de garantizar la educación para todos los estudiantes del país. Sin menoscabo de la autonomía pedagógica de la iniciativa privada, pero también sin confundir autonomía con licencia absoluta para actuar, debemos todos vigilar para erradicar las malas prácticas y para instalar en el país una convicción y conciencia colectiva en pro del derecho a la educación.

Los derechos de los estudiantes están a la cabeza de nuestras utopías de desarrollo ya que no seremos un país verdaderamente desarrollado con los actuales niveles de aprendizaje, ni con la marginación y discriminación de la niñez indígena. Ambos, derechos y oportunidades deben prevalecer sin duda ante intereses corporativos o empresariales. Recolocar esto en el ideario nacional es volver a instalar el enfoque de derechos en la educación y en los paradigmas de desarrollo.

La batalla de la educación no es aislada. Forma parte del esfuerzo por revertir o erradicar las diferentes formas que adopta la desigualdad, los procesos de exclusión, la pobreza, el desempleo, la corrupción. Todo ello plantea problemas severos, complejos, que requieren de una firme voluntad política, que debiera ser también ser colectiva y mayoritaria.

[1] El Comercio 27 de febrero 2012

Escribe:

Teresa Tovar, Socióloga, presidenta de FORO EDUCATIVO.